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Colectivo pide a Segob respetar la integridad física y emocional de los migrantes


El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunció las detenciones de mujeres y menores de edad que integran el éxodo migratorio que salió de Tapachula el 23 de octubre, asimismo emitieron alertas por los despliegues militarizados que buscan frenarlo.


En la exigencia de #AltoALaViolencia, hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para respetar la integridad física y emocional de las personas migrantes; y a la Comisión nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República para las responsabilidades que les correspondan.

El pasado jueves, documentaron a la detención de 50 mujeres, niños, niñas y adolescentes por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. El mismo día, 70 uniformados con equipo antimotines realizaron acciones de contención y agresión ante las que algunas personas del grupo respondieron.


“A lo largo del día el grupo avanzó a pie y en vehículos de personas a título personal que les apoyaron en este tramo de la carretera. En su gran mayoría, llegaron a Tonalá donde pernoctaron entre mil 200 y mil 300 personas. Han recibido atención médica y alimentos por parte del municipio, de la sociedad civil y de personas a título personal”.


Este fin de semana, las organizaciones emitieron alertas por los operativos del INM y la GN en las casetas de cobro, “alertamos sobre cualquier represión y violencia que pueda ocurrir con la llegada del grupo que se desplaza”.


La sociedad civil agregó que la mayoría de las personas que integran la caravana migrante tienen perfiles de alta vulnerabilidad: familias con niñez en brazos y en carriolas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, en silla de ruedas, adultos mayores y de la comunidad LGBTIQ+.


Feminicidios, homicidios y represión

El Colectivo de Observación y Monitoreo recordó el feminicidio de una mujer haitiana y el asesinato de dos personas resultado de disparos de la GN contra un vehículo donde iban 13 personas migrantes.


“En ambos casos llamamos a la investigación de los hechos, justicia para las víctimas y la desmilitarización de la política migratoria”.


Asimismo, sobre el intento de detención por parte de elementos del INM y de la GN del Padre Heyman Vázquez, párroco de Huixtla, al trasladar a personas migrantes al hospital. En este tenor, la sociedad civil manifestó su preocupación por la escalada en la criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos.

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